Un reportaje publicado recientemente en un medio de comunicación de La Paz, hace referencia al perjuicio que conlleva el juqueo en el país, donde la minería, que durante siglos fue el sustento económico, enfrenta un desafío. En 2023, el sector representó el 24 % de las exportaciones, superando al gas y la soya y un problema que ha crecido como maleza y que amenaza con sofocar la vitalidad es el robo de minerales, conocido como «juqueo».
El contenido señala que el año pasado, los «juqueadores» se llevaron un estimado a 52 millones de dólares, un hecho que denota tanto daño pero que parece pasar desapercibido. Se estima que se roban casi dos toneladas de minerales al año, principalmente estaño, cuyo alto precio lo convierte en un blanco atractivo.
Lo alarmante es que el «juqueo» se ha vuelto una práctica normalizada y tolerada en lugares como Potosí. Es un mecanismo regulador de la paz social, donde la empresa prefiere no intervenir para evitar conflictos con las comunidades locales.
La principal víctima de este ilícito es el Estado, ya que el estaño robado termina siendo vendido al propio Estado en la fundición de Vinto.
La problemática se agrava en minas de la COMIBOL, como Huanuni, Porco y Colquiri, donde los asalariados están en minoría frente a las cooperativas y no pueden defender su producción. En los últimos años, se ha observado una tendencia preocupante: el uso del cooperativismo para asaltar minas, incluso con el objetivo de quedarse con la mina completa. Casos como el de la mina Bolívar en 2018 y la toma de la empresa Mallku Khota en 2012 evidencian la violencia y la complejidad de esta problemática.
La falta de control efectivo y la convivencia forzada son consecuencias de una política que prefiere tolerar el «juqueo» para evitar enfrentamientos con cooperativistas, cuyas acciones han resultado en bloqueos y enfrentamientos mortales en el pasado.
El poder de las cooperativas, exentas de obligaciones laborales, ambientales e impositivas, es evidente. En el Cerro Rico de Potosí, 10 mil cooperativistas trabajan sin restricciones. A pesar de la implementación de leyes en 2018 que castigan el «juqueo» con 10 años de prisión, la situación persiste, afectando la economía y dejando al Estado con pérdidas millonarias en impuestos.
En 2022, las cooperativas evadieron impuestos por 1,400 millones de dólares. La política de eximir a las cooperativas de impuestos durante 18 años se ha traducido en un saqueo al país. El «juqueo» minero no solo amenaza la estabilidad económica, sino que pone de manifiesto la necesidad de reformas profundas para recuperar el control y la sostenibilidad del sector minero en Bolivia.
Es además una práctica que ha estado acompañada de violencia y muerte, tal como ocurrió el año pasado en Porco, donde Jucus mataron a un policía en una emboscada en la región minera denominada Juan Carlos. El hecho se dio cuando uniformados, comunarios y organizaciones originarias realizaban un patrullaje por el lugar y fueron atacados por piedras y dinamitas, el fallecido fue perseguido, interceptado y una brutal golpiza cobró su vida.
Recientemente, el Secretario general del distrito minero de Porco, informó a los medios de comunicación que el Juqueo es una práctica muy organizada y que a diario en interior mina, entre 100 a 200 personas avasallan los yacimientos.
“Realmente este avasallamiento no es de hoy, es de hace rato, en el tema de juqueo que a diario circula la gente en interior mina, sobre 100 a 200 jucus, entonces no nos dejan trabajar, ha sido una invasión total, podemos decir que los jucus ya son organizados en grupos y trabajan ya de horario a horario, una hora un grupo, otra hora otro grupo, entonces eso ya nos han rebasado”, acotó.
