La sentencia condenatoria contra ex funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB, que causaron un daño económico de $us 428 MM por el paro de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) —durante el régimen de facto— sienta un precedente en la justicia para que en el futuro no se repita esta experiencia.
La decisión de paralizar la planta industrial fue tomada por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo y el expresidente de YPFB, Herland Soliz Montenegro, quienes fueron condenados a ocho años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“Se calcula que 428 millones de dólares el daño económico que se ha hecho al Estado a YPFB y a la Planta de Amoniaco Urea. Creemos que esta situación no se debe dar, el Ministerio y YPFB han presentado una querella a los principales actores, gerentes, directores y a diferentes personajes que fueron querellados”, afirmó el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Donaire.
El paro forzado de 22 meses de la PAU provocó el daño en el sistema de vapor y turbinas, entre ellas la turbina expander de nitrógeno cuyo costo de fabricación es de USD 163 millones. En el periodo del gobierno de facto se habló de que la planta era deficitaria, que su ubicación no era la correcta, que había que trasladarla a la frontera, pasarla a la administración privada, licitarla o venderla.
RESPONSABILIDAD
Ayer miércoles, el Juzgado de Sentencia en lo Penal Segundo de Ivirgarzama (Cochabamba), dictó sentencia condenatoria contra Víctor Hugo Zamora Castedo, y el Herland Soliz Montenegro, disposición que establece para ambos ocho años de cárcel a cumplir en la penitenciaría de Choncocoro.
Junto a ellos, también fueron sentenciados: Jorge Blancourt Calvo, Oscar Boutier Hurtado, Carlos Vilar Gutiérrez a ocho años de presidio a cumplirse en el recinto penitenciario de El Abra, Cochabamba; e Ivert Oliva Soria a cinco años y cuatro meses en el mismo recinto carcelario.
“Los delitos fueron consignados como incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 154 del Código Penal y conducta antieconómica. El hecho de la investigación denunciada va a partir de la paralización que se hubiera dado en las operaciones de la Planta de Amoniaco y Urea, lo cual hubiera generado un daño económico sustancioso en YPFB y en la generación de recursos para el Estado boliviano“, dijo la gerente Legal de YPFB, Martha Criales.
Añadió que “el miércoles se dio lectura únicamente a la parte dispositiva, siendo que el Tribunal ha dispuesto que para el lunes 27 de este mes en el Tribunal Departamental de Cochabamba se va a dar una lectura inextensa de la sentencia”.
La asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Rocío Molina, dijo que con el fallo en primera instancia se sentó un precedente para que nadie, en el futuro, dañe los recursos económicos del Estado.
“El presidente Luis Arce, desde el inicio de su mandato, nos ha dado la tarea de trabajar en torno a tres premisas fundamentales: no olvidar lo que ha pasado, buscar la verdad y hacer justicia (…). El Estado trabaja arduamente para restablecer los atropellos que se han cometido y los duros golpes contra la economía”, señaló durante la conferencia de prensa.
