La Defensoría del Pueblo posibilitó que el Consejo Académico Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) disponga el ingreso directo de Eliana C., persona con discapacidad física y motora a la Carrera de Derecho, quien fue víctima de discriminación por parte de la Comisión de Evaluación de Postulantes con Discapacidad que rechazó su admisión bajo el argumento de que “no es apta” para estudiar esa carrera universitaria.
“Se le negó su derecho al ingreso libre a pesar de existir la Resolución N° 09/09 del XI Congreso Nacional de Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana que así lo establece, por lo que tras conocer la denuncia, en noviembre de 2021, la institución defensorial inició una investigación formal y el 4 de abril presentó ante el Consejo Académico de la UMSA sus observaciones con relación al proceso de calificación y admisión de personas con discapacidad a las diferentes facultades, y a la aplicación de su Reglamento”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La intervención defensorial, además, posibilitó que el Consejo Académico Universitario de la UMSA determine la modificación a su reglamento de admisiones, decisión que fue ratificada por el Honorable Consejo Universitario el jueves 7 de abril de 2022.
Cruz observó que el rechazo al ingreso libre a personas con discapacidad a una carrera universitaria, vulnera su derecho a decidir y elegir su formación profesional, que de acuerdo a la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Ley 045, constituye un acto de discriminación en razón de discapacidad.
“La decisión de la UMSA es ponderable porque ya no limita la libre elección de estudio de la persona con discapacidad que inicialmente fue rechazada de ingresar a la Carrera de Derecho”, sostuvo.
El cumplimiento de la recomendación defensorial se hizo efectivo a raíz del caso concreto de Eliana C.
La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento correspondiente hasta que se concrete tanto el ingreso libre y directo de la afectada, así como la modificación del Reglamento en cuestión.
