Los Decretos Supremos 4910 y 4911 fueron aprobados por el Gobierno nacional para evitar que alrededor de 250 millones de litros de combustibles se desvíen a actividades ilícitas. De ese modo, los sectores productivos como el agro, la minería y el transporte podrán adquirir mayores volúmenes de carburantes a precio nacional, a la vez que el Estado ahorra en la subvención.
“El esfuerzo que hace el Estado para subvencionar los combustibles, que son vitales para el sector productivo, para el transporte, para la minería, está siendo mal utilizado por personas que se dedican actividades ilegales. Debemos frenar esto”, expresó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.
Luego de un diagnóstico realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se identificó que existen clanes familiares que compran volúmenes excesivos de combustibles para revenderlos a mayor precio que el fijado en las estaciones de servicio.
Asimismo, se ha detectado que, de los 250 millones de litros que se desvían al mercado negro, el 80% va a la minería ilegal, el narcotráfico y a la reventa, en el interior del país; mientras que el otro 20% sale de país mediante contrabando.
En ese sentido, la autoridad dijo que estas normas establecen mecanismos de control, tanto en el interior del país como en las fronteras, con el fin de garantizar que esos volúmenes, en lugar que sean desviados al ilícito, potencien a las áreas productivas.
“Con esta medida garantizamos que todos aquellos productores agrícolas, transportistas, industriales y cualquier ciudadano con una actividad lícita adquieran combustibles a precio nacional y evitamos que caigan en manos de los revendedores”, concluyó la autoridad.
