La misoginia del diputado Arce

Patricia Flores Palacios es magister en ciencias sociales y feminista queer.

Las declaraciones del evista Héctor Arce en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados contra Toribia Lero no solo evidencian un machismo flagrante, sino también un racismo y misoginia profundamente arraigados. Al reprochar a Lero, Arce no solo menosprecia su condición de mujer, sino también su identidad indígena. Sus expresiones, al afirmar que Lero ocupa la vicepresidencia de una “manera sucia” y describir su posible candidatura con términos como “abominable y asquerosa”, no solo constituyen un ataque personal, sino que también buscan deslegitimar su liderazgo y capacidad.

Es inaceptable que luego intente minimizar sus palabras alegando que fue “mal interpretado”. Esta retórica es un reflejo recurrente de los políticos para eludir sus responsabilidades en los temas de misoginia y el racismo estructural que siguen permeando nuestra sociedad y las esferas de poder. Toribia Lero Quispe no es solo una representante nacional, sino una mujer con una notable trayectoria profesional y académica. Es licenciada en auditoría financiera, magíster en derechos indígenas y desarrollo y diplomada en derecho de los pueblos indígenas y Estado Plurinacional. Su experiencia la convierte en una experta en derechos y pueblos indígenas y tribales.

Toribia Lero, a lo largo de más de 20 años de trabajo profesional, se ha consolidado como una incansable defensora de derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; ha sido asesora en derechos indígenas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y del Consejo de Ayllus y Markas de Cochabamba. Ha trabajado como consultora nacional e internacional en derecho indígena, derechos de las mujeres indígenas y desarrollo.

Su carrera incluye roles destacados como subcoordinadora general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) entre 2017 y 2020 y ha contribuido a la constitución de la Alianza de Mujeres Indígenas de tierras altas y bajas de Bolivia. Toribia Lero ha apoyado en la realización de la I y II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala en Perú (2009) y Colombia (2013).

La diputada participó en la Marcha Nacional por la Asamblea Constituyente y la VIII Marcha Nacional en defensa del TIPNIS. Es miembro del Grupo Mayor sobre Pueblos Indígenas y ODS, del grupo de trabajo de mujeres de la RED DESC y ha participado en la elaboración del informe sombra para el EPU y la CEDAW en 2015 y 2019. Además, es conferencista nacional e internacional con experiencia en la formulación de políticas públicas.

El machismo, entendido como la creencia en la superioridad del hombre sobre la mujer, ha sido una constante en la historia de nuestro país. Esta creencia ha llevado a la discriminación y segregación de las mujeres, quienes han sido sistemáticamente desvalorizadas y despojadas de sus derechos. Este fenómeno se refleja en actos de violencia y discriminación, como fue la trágica muerte de Juana Quispe, y en declaraciones públicas que perpetúan estas creencias y actitudes.

Recordemos que Juana Quispe Apaza fue una líder aymara, artesana y comerciante, y la primera mujer elegida como concejala por el municipio de Ancoraimes en La Paz. En 2010, resultó elegida concejala por un partido diferente al del alcalde electo, Félix Huanca, quien inició una campaña de acoso en su contra. Pobladores afines al alcalde ejercieron contra ella agresiones físicas crueles e inhumanas, incluyendo arrastrarla por la plaza de la comunidad frente a su hijo de 12 años. Todas estas intimidaciones tenían el objetivo de forzarla a renunciar y retirar las denuncias de acoso que había interpuesto. Fue asesinada en 2012.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de la concejala “refleja muchas de las fallas estructurales que subsisten en las instituciones y normativas del Estado”. Denunció la violencia ante instancias judiciales que no actuaron de manera efectiva y habló públicamente de las amenazas de muerte que recibía seis meses antes de su asesinato. Más de una década pasó antes de que se sancionara a los políticos culpables de su muerte. El caso de Juana Quispe evidencia que la violencia política no es solo verbal, sino que puede conllevar la muerte.

La intervención de Arce no solo es un ataque personal contra Lero para desacreditar su capacidad y legitimidad como líder. Es un hecho grave y su comportamiento es una forma de violencia política que busca silenciar y desacreditar a las mujeres que no se someten, que interpelan y cuestionan al sistema político machista y patriarcal, más allá del partido.

Las convenciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará, subrayan la necesidad de proteger los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. Estas convenciones destacan la importancia de garantizar la igualdad y la protección de las mujeres contra cualquier forma de discriminación y violencia. En Bolivia, la Ley 243 contra la violencia política hacia las mujeres tiene como objetivo específico proteger a las mujeres de actos de violencia política, reconociendo la necesidad de un entorno político libre de discriminación y violencia de género.

Las declaraciones del diputado Arce no solo reflejan las actitudes misóginas que persisten en el sistema político, sino también la fragilidad de los mecanismos de cumplimiento de leyes y convenciones para proteger a las mujeres en la política. La ausencia de autocrítica de los políticos acentúa la violencia política al apelar excusas triviales como ‘me malinterpretaron’ o ‘sacaron de contexto mis declaraciones’.

El Parlamento, que debería ser un hemiciclo ejemplar donde se respeten los derechos de todas las personas, se ha convertido en un escenario fangoso donde no solo anidan la misoginia, el racismo, el acoso político y los trances proxenetas, sino también la indignidad y la corrupción. Los actos de los parlamentarios no solo envían un mensaje nefasto a la sociedad, sino que son una muestra palpable de cuán lejos estamos de erradicar estas actitudes inaceptables, déspotas y deplorables.

Las declaraciones y la retractación del diputado Arce no solo reflejan a un político que se siente superior, sino también reflejan su inconsciente misógino que menosprecia la capacidad de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.